miércoles, 15 de febrero de 2017

PhD Summer School on International Law: Courts and Contexts


Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

Los Centros iCourts y PluriCourts convocan a estudiantes de doctorado (PhD), que se encuentren investigado temas relacionados con cortes internacionales, a su curso de verano de alto nivel que se llevará a cabo del 26 al 30 de junio de 2017 en Copenhague, Dinamarca. A continuación un extracto de la convocatoria (más información puede consultarse aquí):

"The Centre of Excellence for International Courts (iCourts) and PluriCourts (Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order) are hosting a high-level summer school for PhD students working on international courts in their social and political context. We particularly welcome students who are writing up a PhD thesis that involves a strong focus on methodology. 

The set-up
The iCourts/PluriCourts PhD summer school is based on the principle of participant contributions. This means that students who sign up for the summer school are expected to take an active part in the scholarly discussions and to participate in the exercises that are part of the learning program. 

As you learn more through active participation and cooperation, the summer school requires that you are willing to present your work and to share your intellectual curiosity with others by asking questions and giving comments to other participants. 

ECTS:

Time: 26 June - 30 June 2017 at 9:00 - 18:00  


Participation and expenses: The course is offered free of charge but the participants pay for expenses relating to travel and accommodation. 

Deadline for submission: 1 April 2017. Please use this registration form

Convocatoria abierta para el No. 20 de la Revista Iuris Dictio

Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

La revista Iuris Dictio de la Universidad San Francisco de Quito lanzó una convocatoria para la remisión de artículos académicos a ser considerados como parte del volumen 20 de la revista, que será publicado en noviembre de 2017 y que versará sobre los ajustes necesarios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A continuación la convocatoria:

"Ante los recientes desafíos políticos que enfrentó el Sistema Interamericano, saltó a la vista el ánimo de algunos Estados de la región de reformar las instituciones del sistema con el fin, aparentemente, de esquivar señalamientos al incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos. Asimismo, en la última crisis económica que enfrentó la Comisión quedó en evidencia, una vez más, que su labor no ha sido debidamente valorada por los Estados de la región.

Los artículos y eventos académicos que en los últimos años han abordado el fortalecimiento del Sistema Interamericano han tenido que discernir las críticas de mala fe de aquellas que realmente señalan debilidades del Sistema Interamericano. Además de ese primer filtro, el planteamiento de posibles soluciones ha tenido que ser cuidadoso al envolver las respuestas en argumentos que, además de proponer alternativas para superar esos verdaderos desafíos del Sistema Interamericano, también adelanten un voto de confianza en la labor de la Corte y, especialmente, de la Comisión para contrarrestar los intentos de debilitarlas. 

Todas estas propuestas y reflexiones han debido efectuarse con mucho tino para no tocar temas ni presentar argumentos que pudieran tener el efecto de agravar la crisis de legitimidad de las instituciones y de su trabajo, o de dar la razón a sus críticos mal intencionados. Sin embargo, se hace cada vez más urgente reconocer que estas crisis no se han superado, que las soluciones encontradas son solamente momentáneas y que la insatisfacción de amigos y detractores con la labor de la Corte y Comisión permanece. Existen preguntas difíciles que el Sistema Interamericano necesita afrontar de la mano de actores que están comprometidos con la consolidación de la protección de los derechos humanos en el continente americano, y que al mismo tiempo no tengan reparos en abordar con rigurosidad y buena fe, incluso los temas más delicados.

A la luz de estas consideraciones, el Dossier del Nº 20 de la revista Iuris Dictio, coordinado por el profesor Pier Pigozzi, busca contribuir a estas reflexiones sobre los desafíos y el futuro del Sistema Interamericano, aprovechando las últimas experiencias y lecciones que nos deja la reciente crisis económica y el ambiente de falta de legitimidad que ha rondado a la CIDH los últimos años. Dejando de lado en este contexto de debate el apremio de amenazas latentes, con el objetivo último de articular reflexiones rigurosas tanto técnica como éticamente. En ese sentido, algunos de los temas sugeridos para la composición del Dossier son los siguientes:

- Análisis sobre las normas de derecho internacional general aplicables a la determinación de las competencias, reglas procesales ordinarias, procedimientos extraordinarios y agendas temáticas de las instituciones del Sistema Interamericano.

- Estudios sobre formas directas e indirectas de rendición de cuentas (accountability) de los organismos interamericanos a sus Estados partes. 

- Recomendaciones sobre temas urgentes para el pleno cumplimiento de las obligaciones convencionales de los Estados americanos que no han sido contemplados en las prioridades temáticas del Sistema Interamericano. 

- Estudios sobre interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, líneas jurisprudenciales contradictorias o vacíos en la jurisprudencia interamericana. 

- Análisis del cumplimiento de sentencias controvertidas y de sus efectos sobre el Sistema Interamericano. 

- Análisis sobre los efectos y aplicación del control de convencionalidad y la obligatoriedad erga omnes de las sentencias de la Corte Interamericana. 

- Estudios sobre el diálogo entre cortes nacionales y las instituciones del Sistema Interamericano en la formulación del denominado ius commune interamericano

- Propuestas sobre buenas prácticas de independencia y transparencia que podrían aplicar tanto a la Corte, como a la Comisión y a sus secretarías técnicas. 

- Estudios sobre la aplicabilidad y relevancia actual para la promoción y protección de los derechos humanos de los deberes de las personas que constan en la Convención Americana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

- Análisis del rol de la opinión pública e ideologías sobre las decisiones del Sistema Interamericano. 

- Propuestas para promover la diversificación de las instituciones que participan en la presentación de casos, amicus curiae, y audiencias ante la Comisión y la Corte. 

Asimismo, la convocatoria está abierta para la recepción de artículos de diversas temáticas del Derecho destinados a la sección Miscelánea, y resúmenes comentados de libros para la sección Reseñas. Todos los artículos deben ser originales y nos estar siendo considerados para otra publicación. 

Los artículos pueden ser en español o inglés y deben respetar las normas de publicación, las cuales pueden consultarse en el siguiente enlace: http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/Paginas/guiaparaautores.aspx 

La fecha límite de recepción de artículos es el 15 de julio de 2017. Los artículos deberán subirse a la plataforma OJS de la revista, previo el registro de usuario en el siguiente enlace: http://revistas.usfq.edu.ec/index.php/iurisdictio/user/register  

Para cualquier pregunta adicional por favor dirigirse a: 

domingo, 12 de febrero de 2017

Call for Papers: Transnational Criminal Law in the Americas

Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga. 

El Transnational Law and Justice Network lanzó una convocatoria para recibir propuestas para la conferencia "Transnational Criminal Law in the Americas" que se llevará a cabo del 4 al 5 de mayo de 2017 en la Facultad de Dereccho de la Universidad de Windsor, en Ontario, Canadá. A continuación un extracto de la convocatoria

"Transnational organized crime is a major threat to international security. This has been recognized by the United Nations Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change. One country’s success in limiting illicit production and flows often results in the displacement of the problem to another state, thereby signalling the need for a coordinated response. 

The past few decades have seen a growing number of multilateral conventions addressing questions of transnational crime. In response, the emerging field of transnational criminal law is developing with the growing recognition of the need for further research and informed dialogue about important legal questions arising in this context. 

On May 4-5, 2017, the Transnational Law and Justice Network at the University of Windsor, Faculty of Law, invites academics, policy makers, NGOs, and individuals working on the ground to participate in a multidisciplinary regional dialogue about the most pressing transnational criminal law issues facing the Americas today. 

Topics may include: the suppression treaty regime generally; legal responses to specific transnational crimes such as drug trafficking, human trafficking, migrant smuggling, money laundering, corruption, firearms trafficking, environmental crimes, and other transnational organized crime; institutions and accountability for transnational crime; and mutual legal assistance, cooperation and capacity building. Questions to be addressed may include: 

• What are the most pressing transnational criminal law issues facing the Americas today and how are these issues evolving and shifting? 

• Should greater emphasis be placed on regional responses to transnational criminal law and how should such regional responses be structured? 

• What assumptions underlie the current legal regimes addressing transnational crime and do they adequately reflect the reality of transnational criminality today? 

• How have globalization and technological advancements shifted the nature of transnational criminality and how should this inform the legal response? 

• How do critical approaches to law inform questions of transnational criminal law?

Transnational Criminal Law in the Americas is to be held May 4-5, 2017 at the University of Windsor, Faculty of Law in Windsor, Ontario, Canada. The Honourable A. Anne McLellan, P.C., O.C., will be delivering the public Greenspan Cohn Lecture in criminal law at the conference and Professor Robert Currie of the Schulich School of Law, Dalhousie University, will be delivering the keynote address. The conference organizers seek to publish a select number of conference papers in a high level journal.  

Those interested in presenting at the conference are invited to apply by email to tljnconference2017@uwindsor.ca no later than February 28, 2017. Applications should include: 

• An abstract of 300 words maximum 

• Your name(s), affiliation(s) and contact information 

• A short biography 


The Transnational Law and Justice Network (TLJN) is a research hub that promotes and sponsors scholarship on global governance, internationalism, transnationalism, social justice and access to justice. The network is home to a number of local, national and international experts whose scholarship translates theory into practice in their respective communities and primarily focuses on the intersection of local and global. Situated in the border city of Windsor, Ontario, the most highly trafficked land crossing in North America, TLJN is an ideal space for this type of transnational and interdisciplinary collaboration. For more information, please visit www.uwindsor.ca/law/873/transnational-law-justice-network.

sábado, 11 de febrero de 2017

Artículos sobre el Sistema Interamericano en la Revista "International Journal of Human Rights"


Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

La Revista International Journal of Human Rights publicó en línea los siguientes tres artículos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:
Clara Sandoval  

ABSTRACT: "This article is a contribution to an area of research that remains neglected in both the literature on reparations under international law and on the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights: the coexistence of reparation regimes at the international and domestic level and the problems this creates. In particular, it reflects on the jurisprudential turn of the Inter-American Court in the area of reparations as a result of considering allegations regarding Domestic Reparations Programmes (DRPs) in states undergoing transitions, particularly Chile, Colombia, Guatemala and Peru. In addition to considering the role of subsidiarity in the most recent jurisprudence of the court, it addresses three questions: Why has the Inter-American Court tried to reconcile the coexistence of these reparations systems? How has it done so? And, what are the consequences of this jurisprudential turn for international law and for the institutional design of the Inter-American System?"

Gabriela Kletzel 

ABSTRACT: "Despite the enormous relevance of its work, in recent years an intense debate has taken place regarding the Inter-American Commission on Human Rights’ agenda, powers and alliances. Although this experience was referred to by States as a ‘strengthening process’, when the IACHR’s work came under scrutiny in this latest reform process, tensions and political agendas dominated. The process lacked a robust discussion on how to bolster the mechanism’s agenda and tools for the protection and promotion of human rights in order to contribute to a better assessment of the region’s main problems and to achieve greater impact on concrete realities. The possibility of reorienting this focus might have re-emerged with the IACHR’s launching of the process to draft a new Strategic Plan. From a practitioner’s point of view, this article seeks to offer some reflections on the IACHR’s agenda, approaches and workings that can hopefully serve as a contribution to the development and execution of this new Plan, precisely from the perspective that was lacking during the last ‘strengthening’ debates."

Geneviève Lessard 

ABSTRACT: "In recent cases regarding Colombia, the Inter-American Court of Human Rights has deferred certain components of reparations to domestic mechanisms. This article reflects on this new tendency with regard to the ability of the court to generate changes within the state parties that will ensure the long-term prevention of human rights violations. A thorough examination of the court’s decisions in various Colombian cases demonstrates the progression of how this new approach emerged and shows that it stands in sharp contrast with the approach the court had developed since 2000. The article then turns to exploring possible causes for and consequences of these changes in the Colombian context."

lunes, 30 de enero de 2017

Artículo sobre prueba ilícita ante la Corte

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paul Díaz.

Recientemente se publicó el artículo “La Prueba Obtenida Mediante Coacción y su Inadmisibilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en el Vol. XXIX, N° 2 de la Revista de Derecho (Valdivia), 2016, pp. 229-252 (se puede descargar aquí).  Éste es el resumen del artículo:

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos efectúa un amplio análisis probatorio para determinar la ocurrencia de violaciones de derechos humanos. Ella tiende a ser muy flexible con la admisión de la prueba, sin perjuicio de lo cual estaría obligada a excluir confesiones obtenidas mediante coacción. En relación con esto, la Corte ha hecho afirmaciones que parecen propiciar la exclusión de toda la prueba obtenida mediante coerción, y dar pie a la doctrina del fruto de árbol envenenado. Este artículo interpreta el significado de las reglas de la Corte, y determina si debe exigirse el uso de esta doctrina a la misma Corte y al resto del sistema interamericano. Ello es importante, porque la doctrina del fruto de árbol envenenado podría entrar en conflicto con el papel central que juega la verdad en el sistema, el que se observa en figuras como el derecho a la verdad.”

Fuente de la fotografía

lunes, 23 de enero de 2017

Segunda sentencia sobre fecundación in vitro

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Hace algunas semanas la Corte IDH hizo pública su sentencia de fecha 29 de noviembre de 2016, dictada en el caso Gómez Murillo y Otros Vs. Costa Rica.  Este blog había reportado ya lapresentación del caso por parte de la Comisión.  A continuación se presenta una reseña de la sentencia definitiva.  La Corte no elaboró un resumen oficial del fallo, probablemente por sus características particulares, y porque tiene una extensión de sólo 29 páginas.   Los números de párrafo incluidos en este resumen, son los de la sentencia de Gómez Murillo.

I.  Acuerdo de solución amistosa

Estando aún pendiente el plazo para contestar la demanda, el Estado presentó un documento llamado “Acuerdo de arreglo amistoso suscrito entre el Estado de Costa Rica y la parte demandante”, por medio del cual se acordaba una solución a este asunto.  Tanto la Comisión como el representante se manifestaron en favor de la procedencia de este acuerdo (párrs. 6 y 7).  El acuerdose encuentra disponible en la página de la Corte. En virtud de los términos del acuerdo, la Corte consideró que había cesado la controversia sobre los hechos (párr. 19).  No obstante ello, consideró conveniente referirse a los hechos de este asunto.  

II.  Hechos y objeto de la controversia

Este caso se fundamenta en los mismos hechos que los del caso Artavia Murillo y Otros Vs. Costa Rica, cuya sentencia fue previamente resumida en esteblog.  Este caso se relaciona con la prohibición de practicar la fecundación in vitro (FIV) en Costa Rica, vigente desde una decisión de su Corte Suprema (CSCR), que consideró que el Decreto que autorizaba su práctica era inconstitucional por infringir el principio de reserva legal (pues según la Constitución costarricense, el Poder Ejecutivo no puede regular el derecho a la vida), y porque las prácticas de FIV atentarían contra la vida y dignidad del ser humano.  Esta prohibición habría impedido que las presuntas víctimas se practicaran la FIV en Costa Rica.

En atención a estos hechos, la Corte IDH dictó la sentencia en el caso Artavia Murillo, en el cual “determinó que Costa Rica era internacionalmente responsable por haber vulnerado los derechos a la vida privada y familiar y el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía personal, el derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de una técnica de reproducción asistida, la salud sexual, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, así como el principio de no discriminación, en perjuicio de dieciocho personas” (párr. 28). Por ello, en el caso Artavia Murillo y otros, la Corte ordenó adoptar las medidas para que quedara sin efecto la prohibición de practicar la FIV, que se regularan los aspectos necesarios para implementar esta técnica, e incluir la disponibilidad de la FIV en los programas y tratamientos de salud, incluyendo los de la Caja Costarricense del Seguro Social (párr. 29).

Con posterioridad a la sentencia de Artavia Murillo, en Costa Rica se intentó cumplir la orden de la Corte IDH por la vía legislativa. Sin embargo, ninguno de los proyectos de ley sobre el punto fue aprobado. Luego, frente a la tardanza en aprobar una ley que autorizara el uso de la FIV, en 2015, el Presidente de Costa Rica pasó por sobre la competencia legislativa y dictó el Decreto Ejecutivo N° 39210-MP-S, que autorizaba la realización de la FIV.  Al poco tiempo, este decreto fue impugnado ante la Sala Constitucional de la CSCR mediante una acción de inconstitucionalidad. Ésta concedió dicha acción, anulando el Decreto en virtud del principio de reserva legal, pues todo acto jurídico que regule derechos fundamentales en Costa Rica debe ser realizado mediante una ley emanada del legislativo. 

La Corte también se refirió a la sentencia de supervisión de cumplimiento del mismo caso Artavia Murillo, también reseñada en este blog. En su resolución de supervisión de cumplimiento, la Corte IDH consideró que su sentencia debía haber tenido un efecto inmediato y vinculante en Costa Rica, y que, por tal, debía entenderse que la FIV estaba autorizada, sin necesidad de un acto jurídico estatal que lo reconociera (párr. 34).  Más aún, consideró que, en cuanto a la necesidad de regular los aspectos de implementación de la FIV, debía mantenerse vigente el Decreto Ejecutivo que la CSCR había declarado sin efecto (párr. 35).

Después de referirse a estos hechos, la Corte IDH se refirió a la situación particular de las presuntas víctimas (párrs. 36 ss.)

III. Homologación

La Corte hizo presente que el Acuerdo entre el Estado y las presuntas víctimas incluía un reconocimiento de las violaciones indicadas por la Comisión Interamericana en el Informe de Fondo y por el representante en su escrito de solicitudes y argumentos (párr. 44).  Por ello, la Corte consideró que el acuerdo producía plenos efectos jurídicos, y homologó el acuerdo, anexándolo a la sentencia (párr. 48).  No obstante ello, la Corte determinó que analizaría las reparaciones acordadas, para determinar su alcance y formas de ejecución, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia (párr. 49).

IV. Reparaciones

La mayoría de las reparaciones acordadas no presentan mayores particularidades (v.gr. indemnizaciones, publicaciones del acuerdo), por lo que no es necesario describirlas aquí.  Hay dos reparaciones acordadas que llaman la atención.  La primera es la que consta en el punto 12 del Acuerdo, y que se refiere a “iniciar una discusión amplia y participativa acerca de la maternidad por subrogación como procedimiento para la procreación.”  La Corte, no obstante copiar esta cláusula, no se refirió a ella mayormente.  También es interesante que el Estado se comprometió a “fortalecer los programas educativos de educación básica dirigidos a propiciar una formación en derechos humanos, no discriminación y respeto de la autonomía de la voluntad” (párrs. 55 y 56).

En el Acuerdo, el Estado se comprometió a informar en forma periódica a la Corte, acerca del cumplimiento de cada uno de los extremos contenidos en la solución amistosa, lo que la Corte aceptó. Además, afirmó que, en virtud de la homologación, cualquier controversia surgida del Acuerdo sería dilucidada por la misma Corte (párrs. 62-64).

V.  Voto separado

Esta sentencia contó con el voto disidente del juez Vio Grossi.  Este juez, al comienzo de su voto, recordó “que la sentencia que la Corte emite es obligatoria solo para el Estado parte del caso de que se trate y respecto de lo que el mismo verse, pudiendo, por ende, otro fallo pronunciarse en un sentido diferente”.

El juez hizo presente que la Corte podría haber o no homologado el acuerdo de las partes, pues ella no debe actuar como un mero registro de los acuerdos. En otros casos ella ha dictado sentencia, aplicando e interpretando la Convención.  Además, hizo presente que al homologar un acuerdo con una sentencia, lo hace dictando un fallo definitivo e inapelable, otorgándole el mismo valor que el de una sentencia y, por lo mismo, sujeto a la correspondiente supervisión de cumplimiento.

Los razonamientos de la homologación se fundamentaron en el caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica, lo que conlleva la aceptación de lo resuelto en dicho caso.  Por eso, Vio Grossi reiteró su voto disidente respecto de dicho fallo, y lo dio por reproducido para esta sentencia.  No obstante ello, reiteró algunos puntos de su voto, como el hecho de que la FIV no ha sido regulada en el Derecho internacional, por lo que se encontraría dentro del ámbito de jurisdicción interna del Estado.  También reiteró su discrepancia respecto a la interpretación del artículo 4.1, pues la interpretación de la Corte podría justificar que la Convención Americana permite el aborto, “lo que no sería ajustado a su letra y espíritu”.  Además, afirmó que en el caso Gómez Murillo, el derecho a la vida debía ser interpretado siguiendo el principio pro persona, es decir, de la manera más extensiva posible.  Vio Grossi afirmó que la Corte tenía especial obligación de utilizar el criterio pro persona, en atención a que Costa Rica se allanó, lo que implicó que no existiera un proceso contradictorio (por lo que “nadie defendió el derecho a la vida del concebido, quedando éste, pues, en total indefensión y vulnerabilidad”).

El segundo motivo por el cual Vio Grossi disiente de la sentencia, es que el caso que se resuelve en el acuerdo sería distinto del caso sometido a la Corte, porque tendrían distinta causa petendi.  Así, mientras el caso Gómez Murillo buscaba referirse a violaciones surgidas por la prohibición de la FIV el año 2000, el acuerdo de solución amistosa (del mismo caso Gómez Murillo), dice relación con reconocer vulneraciones desde el año 2000 hasta el 11 de septiembre de 2015, fecha en que se emitió el Decreto Ejecutivo que autorizó la realización de la técnica de FIV.  Así, “mientras las reparaciones que se reclamaban en autos lo fueron en vista de la vigencia de la prohibición de practicar la fecundación in vitro, las que se contemplan en el Acuerdo de Solución Amistosa que se homologa encuentran su fundamento en el fallo que la Corte emitió en el Caso Artavia Murillo y Otros (‘Fecundación in Vitro’) Vs. Costa Rica, del 28 de noviembre del 2012 y en la Resolución sobre Supervisión de Cumplimiento de Sentencia de dicho caso”. Por ello, señala que se trata de dos casos distintos, uno que se sometió a la jurisdicción de la Corte, y otro que emergió a partir de la sentencia dictada en el caso Artavia Murillo y Otros, y que, por lo tanto, no habría sido conocido por la Corte. Por ello, en virtud del carácter complementario de la justicia interamericana, debiera haberse tramitado a nivel interno.  Sólo habría procedido llevar este asunto a la justicia interamericana si es que algún órgano del Estado se hubiera negado a cumplir el acuerdo, y después de haber acudido a la jurisdicción nacional.

En conclusión, Vio Grossi consideró que “lo que correspondía en autos era sencillamente tomar nota del Acuerdo de Solución Amistosa, no dar lugar a su homologación, considerar finalizado el presente caso y archivar el expediente.”  En cambio, la sentencia ratificó lo afirmado en el Caso Artavia Murillo (por una composición distinta de la Corte), perdiendo una oportunidad para rectificar y retomar la defensa del derecho a la vida, que la misma Corte había catalogado como “fundamental”.

VI.  Comentarios adicionales

La Corte, al conceder reparaciones en sus sentencias, exige que ellas muestren algún nexo causal con las violaciones.  Por ello, llama la atención que la Corte haya homologado reparaciones que no tenían relación con el tema de autos, como la de fortalecer la educación escolar básica en materia de derechos humanos y el iniciar una discusión a nivel nacional en materia de arriendo de úteros.  Esto último llama especialmente la atención, pues la Corte termina dando un asentimiento implícito a una práctica que ha sido prohibida o regulada en un número creciente de países, por considerar que dicha práctica es, justamente, contraria a los derechos humanos por explotar a mujeres pobres a cambio de dinero.  

Atendido que en este caso se reitera lo afirmado en la supervisión de cumplimiento del caso Artavia, presento un breve comentario respecto a la decisión de la Corte IDH de “revivir” el decreto que regulaba la FIV. Como cuestión previa, debe recordarse que en toda democracia existe la separación de poderes, de modo que el poder ejecutivo no está por sobre los poderes judicial y el legislativo.  Es por ello que el Presidente no puede dictar decretos en áreas que son de exclusiva responsabilidad del legislativo (cuestión que, en este caso, había sido expresamente reconocida por el poder judicial costarricense).  Si un presidente llega a hacerlo, está en flagrante vulneración del Estado de Derecho.  Por eso, llama la atención que la Corte haya perseverado en su decisión de “revivir” un decreto dictado en exceso de poder.

Por último, frente al extenso voto disidente del juez Vio Grossi, es interesante reiterar, según afirmé en mi comentario a la supervisión desentencia del caso Artavia, que Vio Grossi muestra tener una concepción del control de convencionalidad manifiestamente diferente que la que ha venido sosteniendo la Corte.



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