lunes, 28 de noviembre de 2016

Declaración de la víctima ante la Corte IDH

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paul Díaz.

Recientemente se publicó el libro “La Prueba en la Litigación Pública”, Librotecnia - Universidad de los Andes, 2016.  En sus páginas 293-309 se publicó un capítulo de mi autoría llamado “La Declaración de la Presunta Víctima en Procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (se puede descargar aquí).  Éste es el resumen del capítulo:

“Este trabajo analiza las complejidades que presenta la declaración de las presuntas víctimas en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este medio probatorio debe usarse con precaución, pues las presuntas víctimas son siempre partes interesadas. Además, la declaración de las presuntas víctimas tiene complejidades adicionales en el ámbito interamericano. Por una parte, la Corte ha hecho afirmaciones ambiguas en relación con el valor de este medio de prueba, y ha probado algunos hechos con el solo testimonio de la presunta víctima. Por otro lado, el Reglamento de la Corte exime del juramento a las presuntas víctimas, lo que puede terminar eximiendo del juramento a un número importante de intervinientes, pues la Corte tiene un concepto amplio de víctima —que incluye a los familiares y otros cercanos de las víctimas iniciales—. Este trabajo se refiere también a si es posible obligar a la presunta víctima a testificar; a la actitud tomada en casos de perjurio, y al valor que se le da a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que en ciertos aspectos es comparable a la declaración de las víctimas).”

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Nuevos casos sobre integridad física y desapariciones forzosas

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió tres comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:


1.  Comunicado 168/16 (17.11.16), Caso N°. 12.797 Linda Loaiza López Soto y familiares, respecto de Venezuela.  

Este asunto fue enviado a la Corte el 2 de noviembre de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las graves afectaciones a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada, dignidad y autonomía y al derecho a vivir libre de violencia y discriminación, sufridas por Linda Loaiza López Soto, de entonces 19 años de edad, entre el 27 de marzo y el 19 de julio de 2001. Linda Loaiza López Soto estuvo en situación de privación de libertad en contra de su voluntad y que fue víctima de actos de violencia atroz durante casi cuatro meses, lo que incluyó mutilaciones, severas lesiones físicas y afectaciones psicológicas cometidas con suma crueldad así como repetidas formas de violencia y violación sexual, todo con un impacto profundo e irreversible en su vida. Toda esta violencia estuvo motivada y puso de manifiesto un brutal ensañamiento con la condición de mujer de la víctima, por lo que constituyó violencia de género que en el caso concreto tuvo una intensidad extrema.”


2.  Comunicado 173/16 (22.11.16), Caso No. 12.916 – Nitza Paola Alvarado y otros, respecto de México.  

Este asunto fue enviado a la Corte el 9 de noviembre de 2016.  Según el comunicado, el caso “El caso se relaciona con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales, en el Ejido Benito Juárez, Estado de Chihuahua, México, desde el 29 de diciembre de 2009. A la fecha, se desconoce el destino o paradero de las tres víctimas desaparecidas.”  Además, afirmó que éste sería el primer caso referido “a la desaparición forzada en el contexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.”


3.  Comunicado 174/16 (22.11.16), Casos acumulados 11.053, 11.054, 12.224, 12.225 y 12.823 –Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Santiago Antezana Cueto, Néstor Rojas Medina y Cory Clodolia Tenicela Tello, respecto de Perú.

Este asunto fue enviado a la Corte el 9 de noviembre de 2016.  Según el comunicado, los casos “se relacionan con las desapariciones forzadas de Wilfredo Terrones Silva (desde el 26 de agosto de 1992), Teresa Díaz Aparicio (desde el 19 de agosto de 1992), Santiago Antezana Cueto (desde el 7 de mayo de 1984), Néstor Rojas Medina (desde el 26 de enero de 1991) y Cory Clodolia Tenicela Tello (desde el 2 de octubre de 1992). Lo anterior tuvo lugar en el contexto de la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada en el marco de la lucha antiterrorista por parte del Estado peruano, con especial incidencia en dichos años. El Estado no aportó información sobre hipótesis alternativas a la desaparición forzada de personas y la mayoría de los casos se encuentra en situación de impunidad total. A la fecha no se conoce el destino o paradero de ninguna de las víctimas, por lo que su desaparición forzada continúa cometiéndose.”


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viernes, 14 de octubre de 2016

Tres nuevos casos ante la Corte

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió tres comunicados de prensa mediante los cuales informó sobre la presentación de sendos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 139/16 (27.09.16), Caso N°. 12.695, Vinicio Antonio Poblete Vilches y familiares, respecto de Chile. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 26 de agosto de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con las acciones y omisiones que tuvieron lugar entre el 17 de enero y el 7 de febrero de 2001, fechas en las cuales Vinicio Antonio Poblete Vilches ingresó en dos oportunidades al hospital público Sótero del Río, donde falleció en la última fecha. La Comisión estableció que en dos momentos el personal médico del hospital se abstuvo de obtener el consentimiento informado para la toma de decisiones en materia de salud. Específicamente, en el marco de un procedimiento realizado el 26 de enero de 2001 durante el primer ingreso al hospital, así como en la decisión de mantenerlo en “tratamiento intermedio” en las horas anteriores a su muerte en el segundo ingreso al hospital. Por otra parte, la Comisión concluyó que existen suficientes elementos para considerar que la decisión de dar de alta a Vinicio Antonio Poblete Vilches y la manera en que la misma se realizó, pudo tener incidencia en el rápido deterioro que sufrió en los días inmediatamente posteriores a su salida del hospital y su posterior muerte cuando ingresó nuevamente en grave estado de salud. Asimismo, la Comisión determinó la responsabilidad estatal por la falta de provisión del tratamiento intensivo que requería en su segundo al hospital. Finalmente, la Comisión consideró que las investigaciones a nivel interno no fueron realizadas con la debida diligencia y en un plazo razonable.”


2.  Comunicado 140/16 (27.09.16), Caso No. 12.846, Mariana Selvas Gómez y otras, respecto de México. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 17 de septiembre de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, en el marco de las detenciones y traslados realizados en los operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente, en el contexto del conflicto y las protestas de floricultores y otros grupos.

“La Comisión estableció que la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal,  arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.

“Tras analizar la prueba disponible, la Comisión consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de las once mujeres, y de violación sexual en el caso de siete de ellas. La CIDH consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención.

“La Comisión también estableció que el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable. Finalmente, la Comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.”


3.  Comunicado 142/16 (28.09.16), Caso No. 11.550 Maurilia Coc Max y otros (Masacre de Xaman), respecto de Guatemala.

Este asunto fue enviado a la Corte el 21 de septiembre de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la masacre perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5 de octubre de 1995 en contra de once personas, incluyendo tres niños, que formaban parte de la población indígena q’eqchi’, mam, q’anjob’al y ixil y k’iche que ocupaba la finca Xaman. Las personas habían estado refugiadas en México como consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. En los mismos hechos, 29 personas resultaron heridas, tres de las cuales fallecieron posteriormente debido a las heridas causadas. En cuanto a las investigaciones realizadas, la Comisión determinó que mientras el caso estuvo bajo conocimiento de la justicia penal militar, el Estado incumplió con su obligación de investigar de manera independiente e imparcial. Asimismo, la Comisión determinó que si bien las autoridades judiciales de Guatemala condenaron a catorce miembros de las Fuerzas Armadas por estos hechos, a lo largo del proceso hubo deficiencias e irregularidades que constituyeron violaciones del deber de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable. La Comisión también concluyó que el Estado incumplió su obligación de remover los obstáculos generados por las amenazas y hostigamientos en contra de diversos actores en el proceso. Finalmente, la Comisión determinó que los hechos constituyeron una expresión de la discriminación racial ejercida contra el pueblo maya durante el conflicto armado en Guatemala.”


lunes, 26 de septiembre de 2016

Nuevos casos contra Colombia y Nicaragua

Este reporte fue elaborado por Álvaro Paúl Díaz.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó sobre la presentación de dos casos ante la Corte Interamericana.  Tales comunicados son los siguientes:

1.  Comunicado 138/16 (26.09.16), Caso 12.690 V.R.P y V.P.C, relacionado con Nicaragua.

“Este asunto fue enviado a la Corte el 25 de agosto de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con la violación sexual sufrida por la niña V.R.P, quien al momento de los hechos tenía nueve años de edad y quien desde el inicio de la investigación afirmó que el responsable de tales violaciones fue su padre. La Comisión determinó que las violaciones sexuales cometidas por un actor no estatal, constituyeron afectaciones a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, vida privada y autonomía, a la igualdad y no discriminación y a la protección especial como niña, en perjuicio de V.R.P. La Comisión determinó que el Estado de Nicaragua es responsable internacionalmente por el incumplimiento del deber de garantía de tales derechos, particularmente, el incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia, en un plazo razonable y de manera acorde con una perspectiva de género y los deberes estatales reforzados derivados de la condición de niña de la víctima. La Comisión consideró además que V.R.P fue gravemente revictimizada con un impacto severo en la integridad psíquica tanto de ella como de su madre y los otros hijos de ésta. La Comisión concluyó que la absolución del padre de V.R.P fue el resultado de un proceso violatorio de las obligaciones internacionales del Estado y, por lo tanto, al tratarse de una grave violación de derechos humanos, la Comisión recomendó la continuidad de la investigación a nivel interno, entre otras medidas de reparación.

“En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado llevar a cabo con la debida diligencia y en un plazo razonable, las investigaciones y procesos penales correspondientes, con el fin de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a la persona responsable de la violación sexual en perjuicio de V.R.P.  La CIDH tomó nota que se declaró en firme la sentencia absolutoria del proceso penal seguido contra la única persona indicada por la víctima como presunto responsable. En este sentido, la Comisión reiteró que el proceso penal de los hechos que derivó en la violación sexual de V.R.P no fue sustanciado de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua bajo la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará. Por ello, la CIDH considera que en el presente caso, las diligencias judiciales no se ajustaron, en realidad, a las garantías del “debido proceso” previstas en el artículo 8 de la Convención Americana y, por ende, tampoco se produjo la “sentencia en firme” aludida en el numeral 4 de dicha disposición. La Comisión resalta que esta situación se agrava tomando en particular consideración la naturaleza del delito, así como la situación de doble vulnerabilidad de V.R.P como mujer y como niña. En vista de esto, la CIDH considera que, en el presente caso, la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo crimen (ne bis in ídem) no puede ser utilizada por el Estado a fin de no dar cumplimiento de la presente recomendación de investigación.”


2.  Comunicado 101/16 (25.07.16), Caso 11.482 Noel Emiro Omeara Carrascal y otros, respecto de Colombia. 

Este asunto fue enviado a la Corte el 21 de mayo de 2016.  Según el comunicado, el caso “se relaciona con una secuencia de graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de tres miembros de una misma familia. Específicamente, el atentado sufrido por Noel Emiro Omeara Carrascal el 28 de enero de 1994 y su posterior muerte; la desaparición y ejecución de Manuel Guillermo Omeara Miraval, hijo del primero, desde el 27 de agosto de 1994; y el atentado y posterior muerte de Héctor Álvarez Sánchez, suegro del segundo, el 21 de octubre de 1994. La Comisión analizó los hechos del caso a la luz de un contexto de coordinación y aquiescencia entre miembros de la Fuerza Pública y un grupo armado ilegal, no desvirtuado por el Estado mediante una investigación diligente.

“En cuanto a lo sucedido a Noel Emiro Omeara Carrascal, la Comisión concluyó que el Estado incumplió su deber de protección, lo cual favoreció el atentado, y que además existen suficientes elementos para concluir que existió colaboración de agentes estatales. En cuanto a la desaparición y posterior ejecución de Manuel Guillermo Omeara Miraval, la Comisión determinó que fue privado de libertad por personas pertenecientes a un grupo paramilitar que operaba en la zona y encontró múltiples indicios de participación estatal en los hechos, por lo que determinó que lo sucedido a esta persona resultó atribuible al Estado. La Comisión también determinó que lo sucedido entre la desaparición y la ejecución, alcanzó el grado de tortura. Respecto del atentado y posterior muerte de Héctor Álvarez Sanchez, la Comisión determinó que el Estado no le brindó la protección que requería, lo que permitió que miembros de un grupo paramilitar le dispararan, dejándolo parapléjico e imposibilitado para hablar, falleciendo posteriormente. El Estado no logró desvirtuar los múltiples indicios sobre su responsabilidad por los vínculos con los grupos armados ilegales que cometieron estos hechos.
      
“No obstante los serios indicios de responsabilidad de agentes estatales y miembros de grupos paramilitares, el Estado no logró acreditar que hubiese investigado de manera seria, oportuna y exhaustiva tales indicios. La Comisión también determinó que las demoras en que ha incurrido el Estado han tenido como consecuencia que algunos de los presuntos autores ya hayan fallecido y que, a más de 21 años de ocurridos los hechos, no exista a la fecha conocimiento de la verdad sobre los hechos.”


domingo, 21 de agosto de 2016

Corte IDH emite Resolución de supervisión de cumplimiento en el caso 19 Comerciantes vs. Colombia


Este reporte fue elaborado por Jose Pablo Vega Herrero 

El pasado 23 de junio de 2016 la Corte Interamericana emitió una nueva Resolución de supervisión de cumplimiento en el caso 19 Comerciantes Vs. Colombia

A. Antecedentes del caso 

En la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana declaró responsable a Colombia por la desaparición forzada de 19 personas, por parte de un grupo paramilitar que operaba en el Municipio de Puerto Boyacá que tenía estrechos vínculos con la Fuerza Pública de la región del Magdalena Medio, así como por la impunidad respecto de la participación de miembros de la Fuerza Pública, la investigación de los hechos en la jurisdicción penal militar, el desconocimiento del principio del plazo razonable en los procesos penales ordinarios y no haber realizado una búsqueda seria de los restos de las víctimas. Los hechos sucedieron el 7 de octubre de 1987, cuando miembros de dicho grupo paramilitar, con el apoyo y colaboración de miembros de la Fuerza Pública, detuvieron a 17 comerciantes, quienes se dedicaban a comprar y transportar mercancías en la frontera colombo-venezolana para la venta en las ciudades de Bucaramanga, Medellín e intermedias, porque presuntamente vendían armas a grupos guerrilleros y, posteriormente a su detención, les dieron muerte, los descuartizaron y lanzaron sus cuerpos a un río. Dos semanas después de estos hechos, cuando los familiares recorrían la zona en búsqueda de los desaparecidos, dos de ellos fueron igualmente detenidos y desaparecidos por el grupo paramilitar. Al determinar las causas de responsabilidad internacional del Estado, este Tribunal destacó que Colombia emitió el marco normativo que propició la creación de “grupos de autodefensa”, los cuales derivaron en grupos “paramilitares” (Visto 1).

 Mediante las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas el 2 de febrero de 2006, 10 de julio de 2007, 8 de julio de 2009 y 26 de junio de 2012, la Corte determinó que el Estado había cumplido con localizar a los familiares de dos de las víctimas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pagar el 90% de las cantidades establecidas por concepto de daños materiales e inmateriales. En consecuencia, la Corte mantendría abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento total, a saber: 

1. investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas; 

2. efectuar, en un plazo razonable, una búsqueda seria para determinar con certeza lo ocurrido con los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares; 

3. erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, poner una placa con los nombres de los 19 comerciantes; 

4. brindar gratuitamente, a través de sus instituciones de salud especializadas, el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas; 

5. establecer todas las condiciones necesarias para que los miembros de la familia de la víctima que están en el exilio puedan regresar a Colombia, si así lo desean, y 

6. pagar las cantidades restantes por concepto de ingresos dejados de percibir, gastos en que incurrieron los familiares e indemnización del daño inmaterial (Considerando 1). 

B. Cumplimiento de la reubicación del monumento en memoria de las víctimas y ceremonia pública

En la Resolución de supervisión de 26 de junio de 2012 la Corte observó que el Estado había elaborado una obra artística para la memoria de las víctimas del caso, en consenso con sus familiares. Sin embargo, dicha obra fue trasladada y almacenada en una instalación militar. En virtud de lo anterior, la Corte señaló que no consideraba razonable ni necesario someter a las víctimas a una situación que sienten revictimizante e indignante, en tanto el monumento en memoria de sus familiares fue almacenado en las instalaciones de uno de los cuerpos de seguridad estatal que señalan como responsable de las violaciones cometidas en su perjuicio. En razón de ello, la Corte ordenó al Estado trasladar y almacenar la obra, a la brevedad, en una institución civil, hasta tanto fuera posible su instalación definitiva en el lugar acordado por las partes (Considerando 6). 

 Después de la notificación de dicha Resolución, el Estado informó que había procedido a retirar el monumento de la instalación militar y a colocarlo en el Parque de los Niños de la ciudad de Bucaramanga, que fue el lugar acordado por las partes para ello. Sin embargo, con motivo de no haber colocado en el monumento una placa con los nombres de los 19 comerciantes durante una ceremonia pública, los familiares de las víctimas interpusieron una acción de tutela ante la Corte Constitucional. Dicho órgano judicial resolvió conceder el amparo y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar todos los trámites pertinentes para que se cumplieran los componentes faltantes de la medida de reparación. Asimismo, la Corte Constitucional consideró que, a través de una acción de amparo o tutela, era posible exigir el cumplimiento y ordenar la ejecución de una disposición internacional como la del presente caso (Considerandos 7 a 9).

La Corte constató que la ceremonia pública para la colocación de la placa con los nombres de los 19 comerciantes se realizó el 20 de septiembre de 2013, en el Parque de los Niños de la ciudad de Bucaramanga, donde se encontraba instalado el monumento por acuerdo entre las partes. En dicha ceremonia se contó con la participación de más 200 personas, entre ellas el Vicepresidente de la República de Colombia. En consecuencia, el Tribunal consideró que el Estado había dado cumplimiento total a la medida relativa a erigir un monumento en memoria de las víctimas y, mediante una ceremonia pública y en presencia de los familiares de las víctimas, colocar una placa con los nombres de las víctimas y una mención expresa a la Sentencia (Considerandos 11 y 13).

C. Comentarios adicionales 

La Resolución de supervisión de cumplimiento emitida por la Corte Interamericana en el caso 19 Comerciantes Vs. Colombia se refiere exclusivamente al cumplimiento de la medida de reparación relacionada con erigir un monumento en memoria de las víctimas y realizar ceremonia pública para tales efectos, ocurrida hace tres años. De esta forma, la Corte Interamericana no se pronunció sobre las acciones u omisiones relativas al cumplimiento de las restantes medidas de reparación señaladas al inicio del presente reporte. 

A lo largo de las cuatro Resoluciones emitidas sobre la supervisión de cumplimiento de este caso, la Corte había aportado información sobre cada una de las medidas de reparación ordenadas, fuera ésta positiva o negativa, por lo cual resulta destacable que, para efectos de la más reciente Resolución, la Corte utilizara una práctica distinta.

A continuación se procede a recordar las consideraciones realizadas por la Corte en la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas respecto de importantes medidas de reparación que se encontraban pendientes de cumplimiento y que no fueron desarrolladas por la Corte en la reciente Resolución, a saber: la obligación de investigar, juzgar y sancionar y la obligación de efectuar una búsqueda seria de los restos mortales de las víctimas.

En relación con la primera, la Corte señaló que Colombia debe investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas en perjuicio de los 19 comerciantes. Asimismo, los familiares de las víctimas deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana. Por otra parte, la Corte consideró que esta medida no solo beneficia a los familiares de las víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a tales crímenes tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro. En consecuencia, el Tribunal dispuso que el resultado de este proceso deba ser públicamente divulgado, para que la sociedad conozca la verdad de lo ocurrido (párrs. 259 y 263).

Al respecto, se considera que las Resoluciones de supervisión de cumplimiento son un instrumento idóneo para garantizar que la sociedad tenga acceso a la información relativa a los avances de las investigaciones internas del caso. Tanto que el Estado haya cumplido con la obligación como que ésta aún se encuentre pendiente de cumplimiento son situaciones que interesan profundamente a la sociedad como un todo, a los otros Estados Parte, así como a los académicos y a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la promoción y protección de los derechos humanos.

Por otro lado, en la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, la Corte señaló que la obligación de efectuar una búsqueda de los restos mortales de las víctimas es de suma importancia para reparar el daño inmaterial ocasionado a los familiares de la víctima en casos de desaparición forzada, en los cuales el desconocimiento del paradero de los restos mortales de la víctima ha causado y continúa causando una humillación y sufrimiento intenso a sus familiares. El derecho de los familiares de las víctimas de conocer dónde se encuentran los restos mortales de éstas una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de las víctimas. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal estimó justo y razonable ordenar a Colombia que efectúe una búsqueda en la cual realice todos los esfuerzos posibles para determinar con certeza lo ocurrido a los restos de las víctimas y, en caso de ser posible, para entregarlos a sus familiares. Asimismo, el Estado debía informar a la Corte sobre las gestiones realizadas al respecto, inclusive las que haya llevado a cabo en el pasado, para que el Tribunal, en su oportunidad, evalúe el cumplimiento de esta obligación (párrs. 264, 265 y 271).

De esta forma, se estima que con motivo de la obligación expresa que tenía el Estado de informar sobre las gestiones realizadas, en principio la Corte debía contar con información sobre los avances de la búsqueda de los restos. Sin embargo, es posible que el Estado haya incumplido con su deber de informar. En dicha situación, la Corte pudo haber recordado que de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana, los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones, y aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. La referida obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte incluye el deber del Estado de informar sobre las medidas adoptadas para cumplir cada uno de los puntos ordenados por este, lo cual es fundamental para evaluar el estado de cumplimiento de la Sentencia en su conjunto.

Con fundamento en las consideraciones expuestas se estima que del deber de informar se derivan prácticas procesales deseables mediante las cuales la Corte Interamericana, órgano responsable de supervisar el cumplimiento de la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional por parte de un Estado, tiene la potestad de comunicar a la sociedad los avances, retrasos o incumplimiento de las medidas de reparación ordenadas. Al omitir informar sobre tales aspectos, no solo se restringe el acceso a esta información a las partes en concreto, sino que se limita la influencia que estas Resoluciones puedan tener como mecanismo de presión. También, al carecer de un acceso efectivo a la información, la sociedad civil encuentra reducidas sus facultades de supervisar las acciones estatales y de ejercer presión para alcanzar el cumplimiento total de la Sentencia.

En consecuencia, en aras de evitar la recurrencia de estas omisiones, la Corte podría retomar la práctica anterior en la elaboración de las resoluciones de supervisión de cumplimiento, o bien, garantizar al acceso público de los escritos que sean presentados en el marco de los procedimientos de supervisión.

lunes, 18 de julio de 2016

Artículo sobre el principio de subsidiaridad


Reporte elaborado por Oswaldo Ruiz-Chiriboga.

En el último volumen de la revista The American Journal of Jurisprudence (Vol. 61, No. 1, 2016, pp. 69-107), se publicó un artículo de Samantha Besson titulado “Subsidiarity in International Human Rights Law—What is Subsidiary about Human Rights?”. Este es el resumen del artículo:

“Subsidiarity is en vogue in international human rights law. From a largely implicit and mainly jurisprudential principle used in discrete guises by international human rights courts, it has become increasingly present in human rights reasoning and is about to become entrenched in the text of international human rights treaties. Past the usual truisms about States having the primary responsibility to secure human rights and international human rights institutions having only a supervisory function, however, the notion, role and justification of subsidiarity in international human rights law remain very difficult to capture. Broadly speaking, scholarly strategies have divided into two groups. Most authors focus on one aspect of subsidiarity (usually the margin of appreciation of domestic authorities), while fewer look for the broader underpinning principle. The former often neglect the broader question, however, while the latter have often been lured by one dimension of the prestigious history of the principle of subsidiarity and conflate subsidiarity in international human rights law with one or many of its different conceptions in other legal and political contexts (e.g. in a federal state or in the European Union). In this article, I argue that the concept of subsidiarity is at play in international human rights law, but that human rights subsidiarity is very different from the other conceptions of subsidiarity we know of. To understand it, we need to go back to the relationship between human rights and (democratic) politics and, accordingly, to the role of international human rights law and its complementary relation to domestic human rights law. The proposed argument is three-pronged. After a first section on subsidiarity in international human rights law and the different shapes it takes in practice, the second section compares human rights subsidiarity with the subsidiarity encountered in other social, political and legal contexts, and does so with respect to different dimensions of subsidiarity: its subjects, objects, functions, justifications, tests, limits and reviews. The third section draws various implications of the specificity of human rights subsidiarity, and in particular for how we should go about interpreting it and addressing some of the challenges it is currently facing in practice.”